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Sin Blaquier en el banquillo, el sexto juicio de lesa develará la complicidad empresarial con la dictadura

Este jueves 21 se inicia el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico militar. Se trata de una acumulación de 11 causas, con cerca de 30 imputados y más de 400 testigos. Incluye los hechos de la Noche del Apagón y de Mina Aguilar, claves para develar la participación empresaria en el plan represivo. Por la suma de expedientes, este proceso judicial es considerado una megacausa y podría prolongarse por más de un año.

Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, en calle Senador Pérez al 100, al lado del Club Independiente, los jueves a partir de las 16 horas. Los debates son orales y públicos, es decir que todas las personas que quieran asistir lo pueden hacer llevando el DNI para identificarse en el ingreso.

“Va a ser muy importante poner en evidencia la complicidad empresarial”, remarcó la abogada Paula Álvarez Carreras, representante de una de las querellas particulares, y recordó que los principales responsables de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier y Alberto Lemos, que habían sido procesados como partícipes de los secuestros cometidos en el ingenio, fueron beneficiados con la falta de mérito por la Cámara de Casación.

Esa resolución fue recurrida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no resolvió al respecto. En diálogo con el programa Día 6 (sábados de 13 a 16, 91.5), Álvarez Carreras explicó: “Los acusadores y acusadoras, los querellantes particulares y la Fiscalía fuimos a esa instancia superior, pero la Corte no tiene plazos para resolver”. Si la Corte llegara a fallar por el juzgamiento de Blaquier y Lemos, se haría un nuevo juicio.

En el proceso que arranca este jueves, los imputados son casi 30. Originalmente, estaba en la lista Luciano Benjamín Menéndez, quien era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Cordoba y jurisdicción en nueve provincias, incluida Jujuy, quien falleció el febrero de este año tras haber recibido trece condenas a prisión perpetua, el máximo que haya recibido alguien en toda la historia argentina.

Otro represor que estaba originalmente incluido entre los imputados en este juicio es el exteniente Eduardo Bulgheroni, quien también ya recibió varias condenas por crímenes de lesa humanidad. En este caso, su apartamiento es por razones de salud.

Álvarez Carreras repasó: “Bulgheroni participó de la mayoría de los secuestros de la provincia, porque tenía un alto cargo jerárquico como miembro de Inteligencia. Desde el inicio de los juicios de lesa en Jujuy venía insistiendo en ser apartado por razones de salud, y finalmente lo logró”.

El que sí va a estar es Juan Carlos Jones Tamayo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, que estuvo prófugo durante tres años hasta que en octubre de 2014 fue detenido en Buenos Aires. Tenía orden de captura desde 2011. Actualmente cumple prisión domiciliaria, que le fue otorgada en septiembre pasado.

“Él estuvo en casi todas las causas, en todos los secuestros, era del grupo que dirigía los operativos -señaló Álvarez Carreras-. Además fue identificado numerosas veces por los familiares de las víctimas, porque era la persona a la que ellos debían recurrir para solicitar autorización para ver a sus familiares presos. Y además fue uno de los que dirigieron los operativos de secuestros así que era una persona conocida por todos”.

Las querellas y los organismos de derechos humanos consideran importante que este juicio esté presente en la agenda de los medios de comunicación. La abogada reflexionó: “A pesar de que en este juicio no vamos a tener sentados frente al tribunal a los responsables civiles, es importante porque se va a hablar de la complicidad empresarial y se van a juzgar hechos ocurridos en la capital, en Ledesma, en Mina El Aguilar, en Villa Gorriti… Entonces es importante hablar de todo lo que sucedió en la provincia y poder instalarlo en la agenda social de la provincia”.

-Este es el sexto juicio de lesa en Jujuy. ¿Aportan algo los procesos judiciales anteriores?

-El aporte viene de la jurisprudencia en general, de lo que viene opinando la Corte Suprema y algunas Cámaras de Casación. En el sentido de que ya en la Causa 13, que fue el primer juicio, en 1984, en la sentencia ya se reconoció la existencia del plan sistemático.

-Eso ya se da por probado…

-No habría que insistir en este punto, pero siempre es bueno que se reconozca, por parte de las cámaras y de la Corte. Porque todas las condenas se dictan con las figuras que tenemos en el Código Penal, que son privación de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios. Porque cuando pedimos que se juzgue la desaparición de las personas, pedimos que se condene por homicidio, que es la figura que tenemos. Pero es importante que los tribunales reconozcan que es en el marco de ese plan sistemático y que son delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.

-¿Ese reconocimiento es garantía de que los juicios sigan?

-Ese reconocimiento implica que es obligación del estado perseguir y juzgar, y que el Poder Judicial no puede desentenderse de estos juicios. Porque además los defensores de los imputados siempre plantean al inicio del debate y en sus alegatos la prescripción por el transcurso del tiempo, la innecesaridad de juzgar estos delitos. Entonces es importante reiterar este punto y que los jueces rechacen esos planteos. Más allá de que se haga por una cuestión técnica, es importante insistir con esto porque en estos tiempos políticos, por las señales del gobierno nacional como la de proponer listados de genocidas para que vayan a prisión domiciliaria o negar la existencia de 30 mil desaparecidos. Entonces es muy importante que los juicos sigan reconociendo que hablamos de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un plan sistemático.

-Hay dos caras del paso del tiempo. Por un lado, el límite biológico para juzgar a los responsables, pero también el límite biológico de los testigos víctimas. En este juicio, ¿hay testimonios que escucharemos por primera vez?

-Es así. En el primer juicio se juzgó la privación ilegítima de los mineros en la cárcel de Villa Gorriti, y declararon algunos de los sobrevivientes, no todos. De modo que algunos van a declarar por primera vez en este proceso. El paso del tiempo es preocupante, porque ya muchas víctimas de la causa Mina El Aguilar fallecieron el año pasado, y este año fallecieron dos personas que estaban como querellantes en la causa. Hace poco se cumplió el aniversario de Rita Garnica, una madre que tenía a sus dos hijos desparecidos, su marido preso, ella también secuestrada y torturada, que era querellante en la causa. Fue una madre que fue a pedir a la Corte que resuelva lo de Blaquier y Lemos, para ella presenciar el juicio y tener algo de justicia. Pero no pudo ser. Ella declaró en el segundo juicio y al menos pudo dejar su testimonio. Algunas testimoniales que se produjeron en otros juicios son parte de la prueba en este, para evitar las revictimizaciones. Se van a reproducir los videos de esas declaraciones.

-Considerando la cantidad de causas, imputados y testigos, se puede esperar que este sexto juicio que empieza el jueves será largo. ¿Cuánto estiman que durará?

-Lamentablemente estimamos que va a durar cerca de un año o más, porque además el tribunal no aceptó el pedido de parte de las querellas, las acusadoras particulares, de que se realicen más de una audiencia semanal, porque solo se hacen los jueves a partir de las 16 y generalmente no duran más allá de las 20. Son audiencias muy cortas y a veces los testimonios son extensos, entonces para nosotros es una demanda fundamental.

-¿Este es el último juicio o quedan causas pendientes?

-Quedan tramos de investigación que están pendientes. Para este juicio se trató de acumular todo lo que quedaba, pero quedaron cuestiones como los delitos sexuales, algo que pedimos que se acondenado en el juicio anterior pero fue rechazado por el tribunal.

-¿Eso fue apelado?

-Sí, la semana pasada presentamos nuestro recurso a Casación, pidiendo concretamente que califiquen al hecho más gravemente, que no se trataba solo de tormentos sino que de las declaraciones de la victimas surgía además que habían sido abusadas. Los jueces pudieron conocer esos hechos y además desde el inicio los acusados sabían de qué se los acusaba, por lo que la defensa no podía plantear que esa acusación era desconocida o sorpresiva, más allá de que no llegaron con esa imputación concreta. Pero era posible que los jueces aplicaran el artículo 201 del Código, que permite calificar el hecho de manera diferente. Vamos a esperar a ver el resultado en Casación. Somos optimistas porque hay jurisprudencia, y además la Cámara viene anulando parcialmente los fallos de este tribunal.

-¿Se refiere a la resolución en la que anuló absoluciones del cuarto juicio en Jujuy?

-Sí. Ese fue el juicio donde se juzgaron los secuestros y tormentos de los integrantes del Partido Comunista, muchos de ellos del interior, de Tumbaya y Volcán. Allí se había absuelto a los imputados por la desaparición de Consentini y de Villada, porque el tribunal dijo que no había suficiente prueba para condenar a los acusados por el homicidio. Pero la Cámara de Casación dijo que esto no es así, anuló esa parte del fallo y mandó a devolver el expediente para que se dicte una nueva condena para estos imputados. Pero no lo va a hacer el mismo tribunal sino que se debe constituir otro.

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