Para el extitular del IVUJ, el fiscal Cussel actúa en la megacausa como “encubridor”

El expresidente del Instituto de Viviendas de Jujuy (IVUJ) pasó varios días detenido en la Unidad 7 de Alto Comedero, y liberado el jueves pasado tras declarar ante el juez Isidoro Cruz. Está imputado de “asociación ilícita” en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas. En diálogo con El Submarino Radio (91.5), y en coincidencia con lo que planteó ante el juez, señaló a los municipios como responsables de lo que se hacía con los fondos y se desligó, a él mismo y a otros exfuncionarios provinciales, de cualquier participación en el procedimiento.

En la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación por la supuesta malversación de fondos, por unos 1200 millones de pesos destinados a la construcción de vivienda sociales por parte de cooperativas, Abregú está imputado del delito de “asociación ilícita”.

“De acuerdo a lo que he podido ver en las noticias sobre la declaración del arquitecto Jorge, siento la satisfacción de que él reconoció prácticamente todo lo que yo dije: que las obras eran solicitadas, contratadas y pagadas por los municipios”, afirmó Abregú, y describió el mecanismo por el cual los fondos nacionales llegaban a las cooperativas que construían las viviendas, “sin intervención de ningún funcionario de la provincia”.

Si bien el actual intendente de San Salvador coincidió en la descripción del procedimiento, Jorge aseguró que lo hacía bajo coacción, presión y amenazas que habría recibido de parte de integrantes de las cooperativas. “Él tendrá las pruebas que acrediten eso, a mí no me corresponde descalificar sus dichos”, indicó Abregú.

“De modo tal que lo que yo he dicho coincide plenamente con lo que ha manifestado el arquitecto Jorge, a punto tal que posteriormente, de acuerdo a las versiones periodísticas, él habría dicho que él creó una Unidad Ejecutora Municipal, de la que dependían los controles, las verificaciones técnicas y la emisión de los certificados de obra, y que a cargo de esa Unidad había un arquitecto. Todo eso es cierto, y también coincide con lo que yo manifesté”, continuó.

Para Abregú, frente a estas coincidencias en las declaraciones de uno y otro, el fiscal Diego Cussel y el juez Isidoro Cruz “deberían actuar en consecuencia, porque aun cuando lo dice el arquitecto Jorge, ninguna de las personas vinculadas a los municipios ha sido imputada en esta causa, y mucho menos con la figura de asociación ilícita”, que es la figura con la que se lo acusó.

En esa misma línea, remarcó: “Si hubo ilícitos, estos se cometieron en el ámbito o en la jurisdicción de las municipalidades, porque es allí donde se contrataban las obras y es allí donde se efectuaban los pagos y las supuestas emisiones de los certificados de obra”.

-El Ministerio Público acusó a los intendentes y exintendentes de “fraude a la administración pública por administración infiel” pero no por “asociación ilícita”, como a usted y otros exfuncionarios. ¿Por qué cree que esto es así, si las municipalidades también tenían su propia Unidad Ejecutora? 

-Yo le planteé esa pregunta tanto al fiscal como al juez. Si ellos tienen toda la documentación en el expediente que acreedita lo que digo, y el fiscal la cita permanentemente, ¿cuál es la razón por la que el fiscal actúa de esa manera? Esta es una de las razones por las cuales en la audiencia yo he considerado que el fiscal es un encubridor. Lo he denunciado citando foja y párrafo de las imputaciones que él mismo hace pero después no considera a los fines de las imputaciones de las personas. Si en cada una de las imputaciones, haciendo perfecta alusión al tipo de delito que se cometía dentro de la municipalidad, el fiscal termina dejándolos afuera, es un claro encubrimiento, que está tipificado en el artículo 277 del Código Penal. No lo digo yo, lo dice él. No son palabras mías, son sus palabras, y él es el que omite sus propias consideraciones a la hora de sacar una conclusión.

-Usted además recusó al fiscal porque a su entender violó el principio de igualdad ante la justicia. Y denunció que en esta causa, y en otras similares, los acusados tienen que demostrar su inocencia. ¿Es así? 

-Efectivamente, estamos en el reino del revés. Rompen la presunción de inocencia y yo tengo que andar buscando la prueba para demostrar mi inocencia. Pero no es así; son ellos los que tienen que buscar las pruebas para inculparme.

-¿Y qué pruebas tienen?

-En esta megacausa no existe un solo elemento probatorio ni una documentación con la cual puedan acreditar que yo he cometido un fraude al estado. De hecho, ni siquiera han podido mostrar lo que se llama el nexo causal, es decir, cuál es el vínculo que hay entre mi conducta y el resultado de lo que fue el supuesto hecho. Y es que ese vínculo no existe, porque yo no le he hecho ningún pago a los municipios ni a ninguna cooperativa, porque no contraté a ninguna cooperativa.

-¿Y entonces? ¿Cómo venía la plata? 

-La plata era solicitada por las municipalidades, y los fondos iban a los municipio0s. Pasaban por una cuenta de la Unidad Ejecutora Provincial, pero era un mero tránsito, porque en la Unidad no había ningún tipo de posibilidad ni de suspender los pagos ni de postergarlos ni de cuestionarlos. Era un mero tránsito. El dueño de la plata era la Nación, que se la destinaba al municipio que la había solicitado. La provincia no intervenía en la solicitud ni en el envío de los fondos.

-¿La UEP se creó con ese fin, de ser tránsito de los fondos?

-Básicamente para eso, porque hay que respetar la línea de conducción. Imaginemos que usted va a pedir un crédito al Banco Nación, se manda la solicitud a la casa central, en Buenos Airtes; de allá autorizan todo y mandan la plata a Jujuy para usted. Si usted actúa mal, no lo van a meter preso al gerente de la sucursal del banco de la provincia de Jujuy. Acá es algo parecido. Y el que tenía la obligación central de los controles, es quien contrataba la obra. Si leemos las leyes de obras públicas nacional y provincial, la inspección de la obra está a cargo de quien contrata, del organismo comitente, y la ejecuta un funcionario que se llama inspector de obra.

-Parece que todos los intendentes se pusieron de acuerdo para decir que no podían controlar las obras porque las cooperativas o la Tupac Amaru no los dejaban. ¿Sobre ese tema qué sabe?

-Eso es probable que haya sucedido, yo la verdad que no lo conozco ni me consta porque yo no intervenía en la cuestión, no era mi ámbito de actuación. Es más, había un decreto, el 7759 del año 2007, que apartaba al Instituto de cualquier vinculación con el programa federal. De hecho, el doctor Cussel lo manifiesta claramente: que fue apartado el Instituto de Vivienda del programa de viviendas. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo ahí? No podía hacer nada, estaba imposibilitado y además no tenía funciones para eso.

-¿Ya presentó la recusación de Cussel?

-Por el momento no hemos hecho ningún planteo. Hemos hecho las correspondientes manifestaciones ante el juez. Y el juez, ante la gravedad de las cuestiones que hemos planteado, debería tomar una conducta de oficio, independientemente de lo que nosotros después hagamos. Él, como juez y como figura imparcial dentro del proceso, tiene la obligación, a mi juicio, de averiguar todo lo que uno le plantea con las pruebas que son producto de la propia elaboración realizada por el fiscal, no por mí. Yo en todos los puntos que hice hincapié resalté lo que dijo el fiscal, con cita de foja y con transcripción de párrafos.

-¿Cree que el fiscal actuó deliberadamente para involucrar a toda la gestión fellnerista y salvaguardar a la gestión actual?

-Eso ya deja de ser una cuestión judicial para pasar al plano de lo subjetivo. Desde lo subjetivo, es fácil suponer una cosa de esa naturaleza porque se nota a las claras que hay un trato diferenciado; como se dice habitualmente, una doble vara. Para un lado apuntó con grueso calibre, y  para el otro lado con munición fina, de modo tal que las heridas de un lado y del otro sean totalmetne diferentes, y que las repercusiones mediáticas y públicas recaigan principalmente sobre los exfuncionarios del gobierno anterior, mientras los hoy dirigentes sigan amparados por la cobertura mediática que tienen, que nada dicen de estas cosas.

-¿Cómo sigue su situación?

-Por lo pronto estamos estudiando la situación, viend ocómo terminan las indagatorias, qué actitud tiene el juez con lo que planteamos, y luego analizaremos los pasos a seguir en busca de afianzar el planteo defensivo. No tenemos en la causa ni un elemento tipificante de alguna concuta delictiva de mi parte, no hay una sola prueba. Vamos a seguir en la búqueda de la verdad real, dispuestos a que la investigación se haga, a concurrir las veces que haga falta. Y cualquier prueba que pueda llegar a mis manos, va a ser presentada inemdiatamente a la justicia. Inclusive yo presenté datos de Migraciones para que vean cuáles han sido mis salidas al exterior, que fueron solo a lugares turísticos de Brasil, lugares a los que he ido con mi familia en los últimos años. No hubo ninguna maniobra para fugarme del país o que haya visitado lugares como paraísos fiscales. No conozco el Caribe, no conozco Cancún, Miami ni ninguno de esos lugares tan promocionado y visitado por muchos jujeños.

-Usted pasó varios días en la Unidad 7 de Alto Comedero. ¿Cómo fue el trato?

-Hay que destacar el buen trato de todo el personal del Servicio Penitenciario, que en todo momento se dirigió a nosotros de manera cordial. Es que no había motivos para las reacciones violentas, porque nosotros respetamos las reglas internas, según las pautas y los reglamentos. Debo manifestar que la gente se portó muy bien, y que tampoco hubo ningún inconveniente cuando nos visitaron nuestras familias. No tengo nada de qué quejarme. Y con los internos hemos tenido una recepción muy buena. Nos saludaban, nos palmeaban la espalda, nos motivaban y nos daban fuerzas. Nos decían que todo es una mentira, porque en algunos lugares tienen televisión y entonces están informados, por lo menos a través de las noticias locales.

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