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Ingenio La Esperanza: la Justicia ordenó al gobierno informar sobre el acuerdo con Omega Energy

Los jueces David Jorge Casas y Ruth Alicia Fernández hicieron lugar al amparo presentado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), obreros despedidos de La Esperanza, y el diputado Alejandro Vilca. Ordenan al Gobierno a brindar toda la información del negocio realizado con el grupo colombiano Omega Energy.

La abogada del CeProDH, Maia Hirsch informó que “la resolución de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo obliga al Gobierno de Gerardo Morales a dar explicaciones a toda la comunidad jujeña, y en particular a los más de trescientos trabajadores despedidos y a sus familias, sobre la venta repleta de irregularidades del Ingenio La Esperanza a la empresa ALESA, del grupo Omega Energy. Ahora el Gobierno tiene cinco días para informar, entre otras cosas, los detalles de los subsidios que fueron realizados por el Estado Provincial y Nacional a modo de “asistencia y rescate del Ingenio” durante todos estos años y hacía dónde fueron dirigidos esos fondos.”

Por su parte, uno de los obreros despedidos firmante del amparo, Silvio “Chopper” Egüez, aseguró que “ahora el Gobierno tiene que hacer público los motivos por los cuales decidieron dejar en la calle a 338 trabajadores y remitir toda la documentación que acredite que el Ingenio puede funcionar con menos de un tercio del personal con el que se hizo la zafra el año pasado. También tendrán que mostrar los supuestos estudios que ellos aseguran que se hicieron para tomar la decisión de los despidos. Creemos que nada de esto está justificado, por eso seguimos exigiendo la reincorporación de todos los obreros que no aceptamos los despidos”.

Finalmente Alejandro Vilca señaló que “este fallo es un punto de apoyo junto a los pedidos de interpelación que venimos haciendo desde la legislatura al ministro de producción Abud Robles, que veremos si se aprueba este jueves, para que dé explicaciones de la verdadera situación del Ingenio La Esperanza, del negocio realizado con Omega Energy, los despidos ilegales realizados por el Gobierno Provincial y exigirle que los trabajadores sean reincorporados manteniendo su antigüedad y convenio colectivo de trabajo”.

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