El Gobierno dio marcha atrás y aceptó reabrir el diálogo por la ley de Emergencia Social

La pulseada duró una semana. Ayer el gobierno de Cambiemos reabrió el “diálogo” que había clausurado con los movimientos sociales que le reclamaron la total implementación de la ley de Emergencia Social y que habían decidido volver a las calles con el reclamo –en una suspendida jornada– que los llevaría hasta las puertas de los hipermercados para solicitar alimentos para los sectores sociales más vulnerables.

El Ejecutivo dio marcha atrás y se comprometió en una reunión con los movimientos en el Ministerio de Bienestar Social a cumplir distintos aspectos de la ley y sumar otros puntos: el aguinaldo para cerca de 500 mil trabajadores inscriptos en programas de empleo social y consensuar antes de fin de año un proyecto sobre emergencia alimentaria. Representantes de la Iglesia Católica participaron del encuentro como “fiadores” del acuerdo alcanzado.

“Se acordó implementar plenamente la Emergencia Social. El gobierno dio marcha atrás con la demora que tenía en la plena aplicación de la ley. Entre los puntos destacados a resolver con mayor urgencia se encuentran: el aguinaldo para todos los trabajadores inscriptos en programas de empleo social, que son 500 mil aproximadamente; una mesa de trabajo para acordar una propuesta legislativa antes de diciembre sobre seguridad y emergencia alimentaria y el ingreso al monotributo social de 200 mil trabajadores de la Economía Popular”, sostuvo al término del encuentro Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y Movimiento Evita.

Desde el Gobierno dieron su propia versión. “Se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del Gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley de emergencia social”, señaló la ministra Carolina  Stanley a través de un comunicado. La semana pasada, la propia Stanley justificó ante los movimientos sociales el incumplimiento de la ley en los “brotes verdes” de la economía y en el respaldo que el Gobierno cosechó en las PASO. Para las organizaciones sociales fue una provocación y decidieron trasladar el reclamo a la calle.

“Se ha avanzado en la plena implementación de la Ley de Emergencia Social, votada en diciembre del año pasado. Nos alegra que los ministros hayan reflexionado en torno a la necesidad de no darle la espalda a esta ley que representa una gran ayuda para los que menos tienen”, afirmó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

A la mesa de negociación se sentaron Stanley, acompañada del ministro coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Del otro lado estuvieron además de Onorato y Menéndez, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), entre otros dirigentes. Además del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Maletti (obispo de Merlo-Moreno), que ofició de garante del acuerdo sellado ayer.

Aunque las organizaciones sociales tampoco bajan la guardia: “Los Movimientos Populares estamos en alerta y movilización atentos al cumplimiento de los puntos acordados, porque la situación social que vive el país no permite más ajuste sobre los sectores humildes ni sobre los trabajadores”, remarcó Onorato.

Página|12

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