El Tribunal se declaró incompetente en la revocatoria de la prisión domiciliaria de Milagro Sala

Finalizó una nueva semana de la causa Pibes Villeros y el Tribunal en lo Criminal N° 3 en la jornada pasada, se declaró incompetente sobre el pedido que realizó la defensa de Milagro Sala, de dejar sin efecto la revocatoria de la prisión domiciliaria, que realizó el juez residual de causas penales, Pablo Pullen Llermanos, el martes pasado y envió a la dirigente social al penal federal de la ciudad de Güemes de Sala. La próxima audiencia se realizará el martes venidero

El Tribunal integrado por su presidenta, María Alejandra Tolaba y las vocales Carolina Pérez Rojas y Cecilia Sadir, expresó que él magistrado residual no es inferior, mientras “Pullen es superior a las juezas, ya que dispuso intervenir en el juicio y generar demasiados inconvenientes a todas las partes involucradas”, aseguro Matías Duarte, integrante del equipo técnico defensivo de Sala, quien anunció que apelarán la medida ante la Cámara de Apelaciones Penales.

Cabe recordar que la defensa presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), cuyo plazo ya venció y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CortIDH), cuyo organismo adelantó que el estado argentino deberá hallar una solución al conflicto internacional que se puede desencadenar, antes del 14 de agosto.

Tras la resolución del Tribunal, comenzó con la ronda de testigos. El primero, fue Walter Morales, titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, quien fue parte importante sobre la denuncia a las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales y a los imputados de esta causa, por el cobro de dinero en la construcción de viviendas.

El funcionario manifestó al Tribunal que apenas quedó a cargo del organismo provincial, pidió que el Plan Federal Mejor Vivir II fuera revisado para un nuevo convenio, luego de detectar ciertas anormalidades.

Luego fue el turno del extesorero de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Luis José Corrado, quien pasó de imputado, sobreseído y ahora testigo de la causa, afirmó que un día antes del cambio de gobierno, tenía la orden de sacar todo el dinero y pagar a las cooperativas. El traspaso de la intendencia fue de Julio Moisés a Julio Bravo.

El ex funcionario comunal sanpedreño reconoció que también el pago a las cooperativas de los hijos de la diputada provincial Mabel Balconte y a la concejal sampedreña Marcia Sagardia, con cheque de 50 mil pesos. Todos están imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en concurso real.

En un momento dado, ingresó el ex intendente Moisés y fue retirado del Salón Veléz Sarsfield, ya que no estaba registrado por el Tribunal y al irse, vociferó “son todos unos gorilas”.

El último testigo fue el ex secretario de Hacienda del municipio, Marcelo Abraham, quien dijo casi lo mismo que Corrado, y reconoció que la orden era pagarle todo a las cooperativas antes del 10 de diciembre por el cambio de gobierno, pero por un error de tipeo, se pagó ese mismo día. Bravo asumió la intendencia al día siguiente

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