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El Tribunal reanudará la audiencia que suspendió por problemas salud de la presidenta

El Tribunal en lo Criminal N°3 tuvo anoche que suspender la audiencia, pasada las 22.00 horas, luego que informará una de las vocales, Claudia Sadir que la presidenta de trámite, María Alejandra Tolaba, padeció problemas de salud (le bajó la presión).

Ambas, junto a la otra vocal, Carolina Pérez Rojas, deberán decir esta tarde, a las 14.30, en el Salón “Vélez Sarsfield” del Palacio de Tribunales, si la dirigente social Milagro Sala sigue o no en la prisión federal de la ciudad salteña de Güemes, ya que ella está disposición de la cámara penal en esta instancia y estar alejada de tribunales, dificulta el derecho de defensa legítima que posee. La defensa de Sala pidió en el debate que el Tribunal intervenga en la revocatoria de prisión domiciliaria del juez de Instrucción Causas Ley, Pablo Martín Pullen Llermanos.

Apenas ingresó, luego de pasar su primera noche el Complejo Penitenciario Federal III, una hora más tarde de lo previsto para el inicio de la audiencia, saludó con un buen día y antes de sentarse, rodeada por tres efectivos federales, calificó de asesinos al gobernador Gerardo Morales y a Pullen, quien le revocó la prisión domiciliaria el martes a última hora.

En la jornada pasada, prestaron testimonio dos ex cooperativistas y dos peritos contadores de fiscalía que no pudieron dar precisiones al tribunal y a los defensores sobre la ruta del dinero que cobraban las cooperativas en los bancos.

Una de las ex cooperativistas, Elizabeth Soto, propuesta por el Ministerio Público Fiscal, dijo que trabajaba en cooperativa Libertad, que presidían las hermanas Condorí (dos de las treinta imputadas en la causa) y que tenía lugar de residencia en la ciudad de Palpalá.

Reveló que fue obligada por las Condorí a cobrar unos cheques en una entidad bancaria, por un valor de 50 mil pesos cada uno y que inmediatamente, entregaba el dinero a las mujeres ahora imputadas en la causa y luego no sabía que pasaba con el dinero

Posteriormente, la mujer contó que firmó una denuncia en la sede del Ministerio Público de la Acusación, que conduce Sergio Lello, que escribía una secretaria relatora y reveló que el mismo procedimiento lo realizaron otras 20 o 25 personas, que llegaban una tras otras, para firmar la denuncia.

El letrado Juan Cabezas, representante legal de Alberto “Beto” Cardozo, pidió a las magistradas que revisen los dichos de Soto porque “en el MPA, está para recibir denuncias y no redactar y las personas firmen, sin leer”. Este asunto tampoco lo resolvió el Tribunal, por problemas de salud de Tolaba.

La otra testigo que prestó declaración fue Gisel Méndez, también oriunda de la ciudad de Palpalá y perteneciente a la cooperativa de trabajo Libertad, de las hermanas Condori

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