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Con la Tupac intervenida, el gobierno toma posesión de instalaciones palpaleñas de la organización

Los responsables de la metalúrgica, el salón de usos múltiples y el parque acuático de la Organización Tupac Amaru de Palpalá recibieron esta mañana la notificación de que deberán abandonar las instalaciones en el plazo de tres días, en el marco de la intervención dispuesta por el gobernador Gerardo Morales en julio pasado, que está pendiente de confirmación en el Superior Tribunal de Justicia.

Los responsables del establecimiento metalúrgico Barrio San José, ubicado en calle Pachi Gorriti de Palpalá, recibieron esta mañana una notificación para que en el plazo “perentorio e impostergable” de tres días entreguen el inmueble que ocupan, “con todos sus bienes”, bajo la intimación de que se inicien acciones judiciales.

Lo mismo ocurrió en el Salón de Usos Múltiples Barrio San José, de Palpalá, ubicado en Av. Juellar y León, y en el Parque Acuático del mismo barrio.

Las notificaciones llegaron luego de que la Fiscalía de Estado emitiera un Acta de Posesión de Cargo de la denominada “Comisión Reorganizadora” de la organización social fundada por Milagro Sala.

El Decreto 7023 del 3 de julio pasado ordenó la intervención de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru “hasta tanto se resuelva” el trámite de retiro de la personería jurídica, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial provincial.

También se dispone allí la intervención de la Asociación Civil Inti Pacha y de la Fundación Cultura y Trabajo, de Palpalá.

Los interventores designados son José Luis Estrada y Walter Peralta.

El gobernador Gerardo Morales había suspendido la personería de la Tupac en 2016 a través del decreto 403, que fue impugnado por los representantes legales de la organización pues la suspensión de una personería no puede disponerse a través de un decreto, sino que debe ser resuelta por el Poder Judicial.

Así es como en julio pasado el Ejecutivo provincial ordenó la intervención con el Decreto 7023, abriendo la puerta para que ahora la Fiscalía de Estado avance en la posesión de instituciones, establecimientos y propiedades de la organización.

 

 

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